7 de mayo de 2020. El gobierno de Jeanine Áñez promulga un decreto contra la libertad de expresión. El Decreto Supremo 4231 modifica 2 parágrafos de los decretos 4119 y 4200 con el que se sanciona penalmente la difusión de la información “escrita, impresa y/o artística” que genere “incertidumbre en la población”. Este decreto en su disposición adicional decía:
“Se modifican el Parágrafo II del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020; y el Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, con el siguiente texto:”
“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
Esta medida recibió muchas críticas de asociaciones de periodistas, ONG y universidades.